El órgano
de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas en materia de
biodiversidad decidió cerrar el texto que será sometido a aprobación definitiva en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
27 sep. 04.- La Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, órgano de coordinación del Ministerio de Medio Ambiente de España con las comunidades autónomas
en materia de biodiversidad, dio luz verde al
texto de la "Estrategia Nacional Contra el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural", redactada
por el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología (GTE) que agrupa a técnicos de todas las comunidades
autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente.
La Comisión Nacional, que
se reunió el pasado jueves, acordó también enviar este documento, para su aprobación
definitiva, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que preside la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona.
La finalidad de esta
Estrategia Nacional es promover de forma coordinada, entre todas las Administraciones
Públicas, las acciones necesarias para la erradicación del uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural.
La Estrategia
pretende que la colocación de los cebos envenenados desaparezca por aplicación de la Ley
y por el rechazo del entorno social de los envenenadores. Se busca conseguir que se vea
claramente que las ventajas económicas de gestionar correctamente los valores naturales
son mayores que los perjuicios que se pretenden combatir.
La práctica de
matar fauna depredadora con veneno, antes casi exclusiva de los cotos de caza, aumentó en
los últimos años de forma alarmante entre ganaderos y agricultores, y podría provocar
la extinción de varias especies incluidas en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas.
UTILIZAR VENENOS ESTÁ
PROHIBIDO
El veneno fue utilizado
legalmente en la Península Ibérica hasta los años ochenta para combatir fauna depredadora que provoca pérdidas a
la ganadería y a las especies de caza. Esta
práctica llevó al borde de la extinción a aves carroñeras, como el quebrantahuesos, y
mermó considerablemente las poblaciones de buitres y milanos, entre otras especies.
En 1983, la
Administración española dejó de autorizar la colocación de veneno en los cotos de caza
para matar fauna silvestre. La medida produjo efecto y durante una década el número de animales envenenados
encontrados en el campo disminuyó, pero a partir
de la década de los noventa el problema comenzó a rebrotar de nuevo.
En 1989, la Ley de Conservación de Espacios Naturales y Fauna y
Flora Silvestres prohibió expresamente matar fauna con veneno, y en 1995 esta práctica
fue tipificada como delito en el Art. 336 del
Código Penal español.
De 1996 a 2001 se
localizaron en España 6.482 cadáveres de animales envenenados. Si la tendencia continua, las especies protegidas en las
que las administraciones públicas invierten muchos recursos para su recuperación, podrían
extinguirse en amplias zonas de su ya reducida área de dispersión.
Los productos tóxicos son
manejados en el mundo rural con escaso conocimiento sobre
su peligrosidad para la fauna silvestre. Se ha detectado el uso ilegal de venenos por
parte de cazadores, ganaderos, agricultores,
apicultores, colombófilos, truferos, pajareros, en vertederos y basureros, en áreas
periurbanas y en el medio natural. La administración medioambiental tiene previsto
desarrollar medidas para controlar las aplicaciones legales de productos tóxicos que
afecten a la fauna silvestre, en la línea de las actuaciones que se realizan para
prevenir problemas de salud pública.
A la
vista del incremento del uso ilegal de venenos, la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza acordó en 1999 elaborar una Estrategia
para afrontar el problema. En el Comité de Flora y Fauna Silvestres se creó un Grupo
de Trabajo de Ecotoxicología con la misión de preparar criterios orientadores para
combatir el problema de una forma coordinada desde todas las administraciones públicas
con competencias en la materia.
AUMENTAR LA
VIGILANCIA
Entre la acciones de
prevención y disuasión hay propuestas para reducir el número de daños ocasionados por
la fauna salvaje a ganaderos, cazadores y agricultores; agilizar y mejorar el pago de
indemnizaciones en los casos que proceda y potenciar las ayudas que percibe el ámbito
rural y cinegético asociándolas a un código de buenas prácticas ambientales. Asimismo, se pretende disminuir la disponibilidad
de productos tóxicos mejorando el control de la comercialización, distribución y empleo
de productos fitosanitarios y promover las buenas prácticas agrícolas.
Entre las acciones de
persecución del delito, se considera necesario aumentar la vigilancia y detección de
cebos envenenados; unificar y compartir la información recogida por las administraciones,
agentes de la autoridad y sector privado, sobre casos de envenenamiento y, sobre todo,
cooperar con los órganos de la justicia para lograr que los
casos denunciados por los agentes de la autoridad con indicios que puedan constituir
pruebas condenatorias, no sean sobreseídos o archivados, sino investigados y juzgados. Para
ello, está prevista la organización de cursos sobre delitos ambientales entre la
judicatura y los técnicos de las administraciones públicas.
Asimismo
se plantea la necesidad de una campaña a nivel estatal de información y sensibilización
para conseguir el máximo rechazo social al uso ilegal de veneno, así como financiar a
las ONG para que puedan personarse como acusación popular en casos de veneno y facilitar
su implicación en actividades concretas de la Estrategia
Los
principales objetivos de las comunidades autónomas en esta Estrategia, son: aumento de la
vigilancia; coordinación con los órganos judiciales, remisión de los expedientes a la
administración de justicia con las suficientes garantías legales y elementos de
comprobación; tramitación de medidas cautelares; imposición de sanciones
administrativas; modificaciones de orden legislativo que sugiera esta Estrategia y
garantizar la correcta recogida, custodia y análisis de pruebas condenatorias cuando se
detecten casos de envenenamientos.