COMUNICADO DE PRENSA
13 de noviembre de 2004
Golpe mortal a la Red de Parques
Nacionales
Las organizaciones
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, todas ellas representadas en
diferentes parques nacionales, desean mostrar su profunda preocupación por las
consecuencias que la sentencia del Tribunal Constitucional puede tener en la conservación
de los Parques Nacionales.
Para estas
organizaciones la sentencia del Tribunal Constitucional reduce a la mínima expresión
posible la participación del Estado en la gestión de los Parques Nacionales,
reservándole únicamente un papel residual, como la posibilidad de establecer criterios
orientadores, pero ninguna competencia en las decisiones directas sobre la gestión de los
parques y ninguna capacidad para obligar a su cumplimiento.
Desde el pasado mes de
mayo en que se hizo pública la existencia de un informe del Ministerio de
Administraciones Públicas en el que se recomendaba al Ministerio de Medio Ambiente la
cesión de la competencia exclusiva en la gestión de los Parques Nacionales a las
Comunidades Autónomas las organizaciones ecologistas habían expresado al Gobierno su
máxima preocupación ante la posibilidad de que la Red de Parques Nacionales pudiera
quedar vaciada de contenido y se implantara un modelo donde cada comunidad autónoma por
separado tomara sus decisiones sobre la gestión diaria, como ahora sentencia el Tribunal
Constitucional.
Las organizaciones
ecologistas consideran esta sentencia un duro golpe a la Red de Parques y un claro
retroceso, que solamente viene a satisfacer las pretensiones de algunas comunidades
autónomas, pero que no aporta nada nuevo ni positivo a la conservación de la
biodiversidad de la Parques Nacionales, objetivo principal que debiera haber guiado
cualquier reflexión sobre el futuro de la Red.
Las organizaciones
firmantes se han manifestado siempre partidarias de la cogestión de los PN mediante la
participación del MIMAM y las Comunidades Autónomas y han realizado propuestas para
mejorar este sistema garantizando una mayor independencia política y coherencia de la Red
y un incremento de la participación de las administraciones locales, pero asegurando el
papel del Estado como garante del mantenimiento y respeto a un modelo y una visión
global.
Las ONG no cuestionan
la capacidad de las Comunidades Autónomas para gestionar sus propias redes de espacios
protegidos, pero opinan que el TC no ha entendido la necesidad de que exista una red
superior, de interés general del Estado, en la cual estén representados los mejores
ejemplos de los hábitats y ecosistemas españoles. Para las ONG, el reparto de los
Parques Nacionales entre las distintas comunidades autónomas supone el fin de ese
objetivo básico, consagrado por anteriores dictámenes del Alto Tribunal, destruyendo la
unidad de criterio y la coherencia en la gestión a favor de intereses de puro poder
político y territorial.
Asimismo, las ONG
consideran un gravísimo error el vaciado de competencias de los patronatos y del Consejo
de la Red impuesto por el TC, que se convierten en meros testigos y convidados de piedra
de las decisiones que adopte cada autonomía.
Durante los últimos
25 años en España, se ha organizado la que es seguramente la mejor Red de Parques
Nacionales de Europa, y el modelo español de gestión compartida ha sido un ejemplo
mundial para una nueva forma de entender la gestión de estos espacios protegidos, basada
en la participación y la co-responsabilidad. Para las organizaciones ecologistas no tiene
sentido abandonar este camino para ir a un modelo de exclusividad que no sólo no conserva
mejor la naturaleza, sino que es menos abierto, menos participativo, más opaco y mucho
más sensible a las presiones de los agentes locales.